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El fin de una era sindical

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El País, 1 de mayo de 2016. La crisis en España ha tenido un rostro muy duro en el mundo laboral. Se han perdido millones de empleos, de los que, dos años después de iniciada la mejora económica, no se han recuperado todavía ni la mitad.

Este golpe también ha lastimado a los agentes que actúan en ese escenario, especialmente a los sindicatos. Las organizaciones que defienden a los asalariados han perdido afiliación, financiación, prestigio y representación en las empresas. Y esto es, en buena medida, hablar de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, el binomio sindical que predomina en España. Este tándem sindical español es incompleto porque, aunque dos organizaciones dominan con una hegemonía incontestable el escenario laboral por el lado de los trabajadores, hay actividades en las que otras asociaciones les superan. Fetico es el primer sindicato en las grandes superficies comerciales. En el sector público, los dos grandes tienen que pelear con CSI-F por cada delegado en pie de igualdad. Y en territorios como el País Vasco ven cómo los sindicatos nacionalistas ELA o LAB les superan como primeras fuerzas sindicales.

Y aun así el desgaste de la pareja sindical no tiene, ni de lejos, las dimensiones del sufrido por el bipartidismo político. Las dos grandes centrales han perdido algo de terreno, pero siguen por encima de los dos tercios de la representación en toda España, algo que no pueden decir el PP y el PSOE, que han pasado de lograr el 83,3% de los votos en 2008 y el 92% de los diputados a apenas superar el 50% de los sufragios y el 60% de los escaños el pasado 20 de diciembre. En un periodo de tiempo similar, CCOO y UGT han pasado de sumar el 75% de los delegados sindicales electos al 68%, una erosión muy lenta si se compara con la vivida por los dos grandes partidos tradicionales. Pero erosión al fin.

Siempre en elecciones

En España, cada cuatro años se celebran elecciones en cada empresa, pero no tienen por qué hacerse de forma simultánea en todas. Así que hay elecciones constantemente. Sin embargo, hay épocas en que se concentra un mayor volumen de estos procesos. Esto sucedió en 2015. Conscientes de que pasan por su peor momento desde la llegada de la democracia, las grandes centrales temían que les fuera peor de lo que les ha ido hasta ahora. A finales de 2014 y comienzos de 2015 estalló el caso de las tarjetas black, que afectaba a dirigentes de UGT y CCOO (también a la Confederación de Cuadros y Profesionales, el sindicato específico del sector financiero), que se sumaba a un rosario de casos de corrupción que les tocaban en mayor o menor medida (ERE y cursos de formación en Andalucía; el histórico líder minero Fernández Villa, que se acogió a la amnistía fiscal).

Si todo esto se hubiera trasladado directamente a las urnas, se habría ahondado más la crisis: la norma española otorga la legitimidad al sindicato para desarrollar su papel en la empresa y en las instituciones según los resultados electorales, no según la afiliación. Es un sindicalismo “más de audiencia que de presencia”, como lo definió el catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo Torrecilla. Pero no se ha trasladado: las dos organizaciones siempre han defendido que la realidad en las empresas y el trabajo diario de sus decenas de miles de delegados sindicales son su principal aval y garantía.

Para ambas centrales, el principal motivo de la caída de la representación está en la propia crisis económica: si en 2007 llegó a haber 312.000 delegados en el sector público y privado, nueve años después la cifra es de 254.000, según el Ministerio de Empleo. Esa reducción ha sido mayor en las pymes, donde UGT y CC OO dominan con holgura. En esa dirección apunta Rafael Espartero, secretario de organización de UGT, el sindicato que más ha sufrido la caída (del 36,8% en 2007 al 32,8%), y a los cambios en la Administración pública, que han ampliado el colegio electoral y han facilitado la concurrencia de otras organizaciones.

Desgaste, no agonía

Fernando Lezcano, responsable de organización de CCOO, niega la mayor. No cree que se pueda hablar de erosión. “Aquí el problema era si el sindicalismo de clase perdía su hegemonía. Y esto no es así, el edificio no se desmorona”, apunta. No obstante, Lezcano sí admite un “desgaste”. Y cree que este no es por “censura a la labor sindical, sino un reflejo hacia una coyuntura tan compleja como la que hemos vivido”. Esa coyuntura compleja se refiere a situaciones como la de las tarjetas black de Caja Madrid y la implicación en el escándalo de varios sindicalistas. Dibujado este escenario, señala que la erosión “es inapreciable en términos reales” y enfatiza que su organización sigue manteniendo el primer puesto con holgura, y que los más de tres puntos de representación perdidos desde 2007, del 39,1% al 35,9%, se deben poner en la perspectiva que da que hace nueve años estaban en su techo histórico.

Uno de los elementos que llevan a las centrales mayoritarias a sentir alivio es la gran distancia que mantienen con el resto de sindicatos. La falta de alternativa que hay en el horizonte más cercano. USO es el tercer sindicato en España y agrupa al 3,8% de la representación; apenas ha ganado unas décimas y, como los dos anteriores, ha perdido delegados en el cómputo absoluto. Su secretario general, Julio Salazar, apunta que “es muy difícil crecer con la normativa actual”.

En la misma línea se expresa Miguel Borra, presidente de la central de funcionarios, CSI-F. Su sindicato, que sumaba el 3,6% de los delegados en febrero, ha avanzado en la Administración pública en este tiempo y busca crecer en el sector privado. Para esto reclama que se reduzca del 10% al 5% el listón de representatividad necesario para estar en mesas de negociación en instituciones y sectores privados.

Esto no es como la política, es más complicado”, explica José Aranda, secretario de acción sindical de CGT. “Hay clientelismo”, ataca, dejando caer que en estas elecciones el voto no es totalmente libre. Tampoco Somos, el sindicato que se presentó como una alternativa similar a la que era Podemos en el campo de la política, ha emergido con fuerza: según los números oficiales de febrero, contaba con 86 delegados de 254.732 que hay en toda España. La lista de centrales con representación puede continuar hasta más de 500 organizaciones, de las que apenas 55 suman más delegados en toda España.

Para Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo, la falta de opciones tiene una lectura dura: “El problema es más grave que esa erosión. Si surgiera una alternativa, como en política, estaríamos ante un fenómeno de recomposición. Pero no la hay. Esto lo que indica es que hay desafección de grupos sociales importantes porque no los ven como interlocutores”. Basta observar que en la última encuesta del CIS en la que se pregunta por la valoración de los sindicatos son las organizaciones peor paradas, logran 2,61 puntos sobre 10. Solo los partidos políticos tienen peor nota, 2,23.

La crisis del sindicalismo, que es de lo que está hablando Cruz Villalón, va más allá de cómo afecta a una organización en particular, y no es un fenómeno nuevo ni exclusivamente español. De hecho, fuera de España es mucho más antiguo. Y su principal prueba está en la evolución de la afiliación. Estudiosos del movimiento obrero contemporáneo como Richard Hyman y Magdalena Bernaciak hablan de una caída de millones de afiliados en todo el continente europeo entre 1990 y 2008 en el artículo Trade Unions in Europe. Innovative Responses to Hard Times. Otro, el holandés Jelle Visser, recoge en su base de datos la caída de 5,5 millones en Alemania entre 1990 y 2010.

El efecto de la crisis

En España, el descenso de la afiliación llegó con la crisis. Los miembros de sindicatos tocaron techo en 2008, cuando, según los datos de Visser, había casi tres millones de afiliados en toda España. Siete años después, la cifra había caído a los 2,36 millones. Esto implica una baja tasa de densidad sindical, en línea con los países mediterráneos; según la OCDE, del 16,8%. No obstante, hay que tener en cuenta que la llamada eficacia general (la extensión automática de los convenios a todos los trabajadores del sector o empresa correspondiente si los firmantes representan a un 50% o más de los potenciales afectados de acuerdo al resultado electoral) desincentiva la afiliación, aunque da una gran influencia.

La caída de la afiliación ha agravado el problema de la financiación sindical. No obstante, este no llega por aquí principalmente, sino por el recorte de subvenciones (la que destina el Ministerio de Empleo para repartir entre todas las organizaciones ha pasado de 15,8 millones en 2011 a casi nueve) y fondos de formación habidos desde 2012. Pero aunque se sabe de los problemas de financiación, que han llevado a recortes en las estructuras, no es fácil conocerlos en profundidad. Las confederaciones de UGT y CCOO sí que publican sus cuentas anualmente, también lo hacen algunas federaciones sectoriales y uniones territoriales, pero no todas. Por tanto, no es fácil hacerse a la idea de los recursos que manejan.

Además del problema financiero, la caída de las afiliaciones deteriora una de sus fuentes de legitimación. “Los sindicatos olvidaron ganar afiliación a la afiliación”, sostiene el sociólogo José Pablo Calleja, de la Universidad de Oviedo. Algo que admiten en privado varios líderes sindicales actuales o que han dejado sus puestos de responsabilidad recientemente. Y que pone de relieve de forma solapada Carmen Castilla, líder de UGT en Andalucía, cuando explica que su organización va a comenzar una campaña para ganar miembros.

En cambio, el también sociólogo Pere J. Beneyto, de la Universidad de Valencia, defiende en sus artículos recientes que hay una relación muy estrecha entre la marcha de la participación sindical y la economía, porque la afiliación hace tiempo que dejó de estar vinculada a la identidad ideológica, sino que tiene una lógica instrumental.

La pérdida de miembros se complementa con el avance de políticas de desregulación del mercado laboral que han reducido el poder sindical en las negociaciones. La reforma laboral de 2012 en España, que apostó por la descentralización de la negociación colectiva al nivel de las empresas, es solo un ejemplo. En Europa, medidas como esta se aplicaron antes.

Pero en España los problemas del sindicalismo tienen matices autóctonos. La crisis con sus millones de empleos destruidos, sus tasas de paro sin parangón en el mundo desarrollado, su larga duración y el deterioro causado por la corrupción. Todos los que forman parte de las instituciones han salido malparados durante este tiempo. Y en ellas están los sindicatos, especialmente UGT y CCOO, pese a que la principal herramienta que les da participación, el diálogo social, ha sido casi inexistente y ha dado pocos frutos, como señalan las memorias del Consejo Económico y Social desde 2010.

Parte del sistema

Por un lado, los sindicatos están en el centro del movimiento social y la protesta (…); por otro lado, ellos son parte del sistema político”, resumen en el artículo Trade Unions in Spain: Organization, Environment, Challanges los sociólogos Holm Detlev-Köhler y José Pablo Calleja para explicar el equilibrio que tienen que manejar. Este último cree que en este juego ha tenido un peso excesivo la segunda parte. También Joseba Villarreal, responsable de negociación colectiva de ELA, defiende esto: “Ellos se han basado en modelos al hilo de la concertación social. Nosotros estamos más en un sindicalismo de confrontación”. Y justifica así que su confederación gane representatividad en el País Vasco y Navarra.

A esta conclusión ha llegado en UGT su recién elegido secretario general, Pepe Álvarez, que esta misma semana ha declarado: “La concertación social ha sido muy positiva, pero creo que en los últimos años se ha convertido en una foto útil para los Gobiernos que nos ha perjudicado a los sindicatos”. Y la concertación social, o diálogo social, es algo que atañe exclusivamente a las dos organizaciones mayoritarias. En CCOO, en principio, parece que el punto de llegada es distinto. “Hay que lograr cosas”, señala Javier Doz, adjunto a la secretaría general de CCOO y miembro de un grupo de reflexión sobre cómo adaptar la organización a los cambios actuales, que a continuación señala que uno de los puntos por los que también se ha podido ver como inútil ese diálogo social es porque “el PP lo ha deteriorado”.

No es esta la principal preocupación de este veterano sindicalista; la primera, como la mayoría de los consultados, es la falta de conexión con “el precariado”, expresión acuñada por el investigador inglés Guy Standing. Cómo responder a las demandas de este colectivo creciente (mayoritariamente jóvenes, mujeres e inmigrantes) se ha convertido en el objetivo central. No solo en España, también fuera, como explica Jorge Galindo, miembro del colectivo Politikon, que centra sus investigaciones en los agentes que actúan sobre las reformas en el mercado de trabajo. Para ilustrarlo, expone una reflexión que hace días escuchaba de un dirigente de uno de los principales sindicatos italianos: “Llevamos 25 años perdiendo el tren y ahora hemos decidido ponernos a su altura”.

Hay un factor estético y discursivo”, explica sobre la falta de conexión entre los sindicatos y los precarios Álvaro Bustillo, miembro de la Oficina Precaria, una organización que nació al calor del 11-M y se dedica a la defensa de este colectivo. “A veces basta con ver los carteles con los que llaman a la huelga general”. Pero Bustillo explica que esta es solo una parte: hay otra propia de las estructuras sindicales. Su organización no está ordenada en federaciones, “es más líquida”. El sociólogo Calleja, de la Universidad de Oviedo, apunta en la misma dirección: “La solución pasa por estructuras más flexibles, para que los sindicatos sean más acogedores con todos los tipos de trabajo”.

En este sentido parecen apuntar las conclusiones del grupo de trabajo de CCOO. “Los recursos humanos del sindicato se tienen que llevar a los precarios (jóvenes, mujeres, inmigrantes), organizarles y llevarles a la negociación colectiva. Las distinciones clásicas de las federaciones se borran y se coordinan sobre una base territorial (polígonos industriales). Pero esto no es fácil. No es nada fácil decirle al delegado de una empresa que no se encargue solo de los trabajadores que representa, que también se encargue del polígono”, apunta Doz, poniendo énfasis en que esto, como su fruto en convenios colectivos, exige un esfuerzo de solidaridad por parte de quienes están en mejor situación.

Sin este empaque teórico, Villarreal, de ELA, también señala que su organización se está volcando con los precarios. “No tenemos una estructura específica para precarios o jóvenes. Intentamos hacer mapas de precariedad, conocer las subcontratas, saber quiénes son, qué convenio se les aplica, qué tipo de contrato tienen, cómo llegar a ellos a través de las redes sociales”.

La falta de enganche con el precariado es sinónimo de distancia con los más jóvenes y las mujeres. Son ellos quienes más sufren la temporalidad. “Tenemos un problema de conexión con esa gente”, admite Espartero, de UGT. Para buscar el modo de enganchar con ellos, este sindicato y CCOO explican que quieren reforzar sus organizaciones juveniles. Ya disponen de ellas en algunas comunidades autónomas (Cataluña, Madrid), pero ahora quieren expandirlas. El objetivo, señala de nuevo Espartero, es hacer ver a la sociedad, especialmente a los estudiantes, “la necesidad del papel del sindicato” y cerrar la “desconexión” que tienen “con la sociedad”, admite, aunque en la misma frase pone un matiz: esa desconexión no se da “con el mundo del trabajo”.

Estructuras juveniles

No obstante, la creación de estructuras juveniles no garantiza el éxito. En un artículo de 2012 del investigador Kurt Vandaele se apunta que las respuestas de estos departamentos y secciones, cuando las hay, no son eficaces para el colectivo al que se dirigen. El problema de los precarios no es nuevo en España, la temporalidad empezó a crecer en 1984, cuando se abrió la mano a este tipo de contratos. En cambio, el debate se aborda ahora con fuerza. Esto, para Galindo, tiene una explicación: la falta de renovación de los líderes. “Hay un mecanismo de renovación de élites que parece no permitir que se abran este tipo de debates. Si ves los patrones de otros sitios como Italia, que no digo que sean ideales, son más ágiles”, apunta.

En UGT reconocen el problema, el secretario general admitió también esta semana que su sindicato se ha movido en las últimas dos décadas con el proyecto aprobado en 1994. Y su predecesor, Cándido Méndez, reconoció en una entrevista con EL PAÍS que quizá le había sobrado algún año al frente de la organización. “Un periodo tan prologando no es bueno para las personas ni para las organizaciones”.

Convenios más allá de la afiliación

Una de las normas que se cumple en el mercado laboral en casi toda Europa es que hay más trabajadores protegidos por los convenios que afiliados en los sindicatos. España no es una excepción. Lo excepcional del caso español es cómo se cumple la norma, según explica el catedrático de Derecho del Trabajo, Jesús Cruz. Lo hace por una figura jurídica que se llama eficacia general.

¿En qué consiste? Cuando los representantes sindicales en una mesa de negociación que firman un convenio superan al 50% de los trabajadores en teoría afectados, éste se aplica a todos, sean afiliados o no. Esta norma explica que la llamada tasa de cobertura de la negociación colectiva estuviera en 2013 cerca del 80% de los trabajadores asalariados, cuando la de afiliación estaba en el 16,7% el mismo año.

Esta norma desincentiva la afiliación y genera debates en las organizaciones sobre si debería restringirse. La tesis que se ha impuesto finalmente es la de reclamar financiación para la negociación colectiva con subvenciones, ya que es una función de sindicatos y empresarios cuyos costes recaen solo sobre los afiliados.

Más allá de si desincentiva la afiliación, la eficacia general de facto es norma en casi toda Europa:

Francia. Es el país donde más distancia hay entre la tasa de afiliación y la de cobertura de la negociación colectiva. La extensión de los convenios a los no afiliados es potestad del Gobierno, que lo hace a petición de las partes, algo que vistos los números suele conceder.

Italia. La eficacia general por ley solo se aplica a los convenios de empresa y a los regionales. A los pactos sectoriales de ámbito nacional, en teoría, no se les puede aplicar esta figura jurídica. No obstante, hay jurisprudencia que de facto también lleva los convenios más allá de los límites señalados por la norma.

Alemania. Los pactos que se firman en el seno de las empresas sí que afectan a todos los trabajadores, no así el resto. Sin embargo, no es extraño que las fronteras del pacto vayan más allá de la propia afiliación.

Países Nórdicos. La tasa de cobertura en estos países es de las más altas. Aquí la extensión de los convenios se alcanza por la demanda de los propios sindicatos, que tienen bastante poder de presión, o por la propia decisión de empresarios y patronales, que buscan desincentivar la afiliación.

Inglaterra. En los países anglosajones la relación entre afiliación y negociación colectiva es muy estrecha. En 2013, el 25% eran miembros de sindicatos y los convenios beneficiaban al 29%.

El fin de una era sindical.

Última actualización el Domingo 12 de Junio de 2016 20:50  

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